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El lastre

A continuación os dejo el artículo completo de la versión publicada en el Público

“Retorno de los refugiados: el tema pendiente para la integración de Croacia en la UE”
Los efectos de la crisis económica y la mayoría parlamentaria obtenida por los partidos de la derecha en las últimas elecciones europeas, aumentan el escepticismo sobre cualquier futura ampliación de la UE. Croacia que, junto con Turquía, inició las negociaciones en 2005, espera ser admitida el año que viene. Pero, aún quedan algunos asuntos pendientes como, por ejemplo la cooperación con el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra y el retorno de los refugiados. A esto, recientemente se sumó la declaración de Olli Rehn, Comisario para la Ampliación de la UE, quien alertó de que Croacia debe mantener el rumbo de las reformas, agilizar el proceso del retorno de los refugiados y hacer un mayor esfuerzo para mejorar los derechos de las minorías. Y sugirió que “Zagreb podría enfrentarse a la suspensión de las negociaciones si flaquease en sus reformas”.

Durante el conflicto de 1991-1995 e inmediatamente después, más de 300.000 ciudadanos croatas de nacionalidad serbia abandonaron Croacia. En virtud de una normativa aprobada por el Gobierno croata en septiembre de 1995, un mes después de la acción militar denominada ’Tormenta’, las propiedades pertenecientes a las personas que dejaron Croacia pasaron a estar controladas por el Estado. Al mismo tiempo, se autorizaba a acomodar en ellas a otras personas, mayoritariamente de nacionalidad croata. Según datos de Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 29.800 derechos de ocupación de la vivienda de los serbios que vivían en las zonas urbanas fueron anulados por los tribunales croatas, bajo grandes irregularidades. Se estima que estas decisiones dejaron sin hogar a más de 100.000 personas.

Derecho de ocupación de la vivienda

En la antigua Yugoslavia una gran mayoría de población urbana vivía en pisos con derecho de ocupación de la vivienda de protección estatal y, según dictaba la Constitución de Yugoslavia, este derecho era una categoría legal, social y patrimonial, considerada como derecho real (sui generis). Estos pisos se gestionaban desde la administración pública, a través de los fondos que se financiaban con la retribución nominal de todos los trabajadores. Las viviendas se otorgaban en uso de por vida, y aunque el inquilino perdiera el trabajo, mantenía el derecho a la vivienda, e incluso podía dejarla en herencia a sus hijos. El único modo de perder ese derecho era demostrar que el inquilino había deshabitado injustificadamente la vivienda durante más de seis meses. En tal caso perdía el derecho a uso de la misma y el Estado podía entregarla a otros usuarios.

Según el Center on Housing Rights and Evictions, una ONG suiza con estatus consultativo en el Consejo de Europa: “Los tribunales croatas permitieron una anulación masiva de los derechos de ocupación, en gran mayoría de los casos en ausencia de los tenientes de esos derechos y sin avisarlos.” Las autoridades croatas alegaban que los serbios abandonaron voluntariamente sus viviendas y bajo este pretexto les privaron del derecho de ocupar estas viviendas.

Un ejemplo ilustrativo, es el caso del matrimonio Vukovic, de Osijek, quienes, el Tribunal Regional, en una acta del 8 noviembre de 1991, sentenció a ser “expulsados a Serbia”, por, según dictó la sentencia, “haber colaborado en ayudar la revuelta armada, con el fin de crear la Gran Serbia”. El día siguiente, tras recibir la sentencia, dos militares croatas se presentaron en la puerta de su piso con la orden de abandonarlo de forma inmediata. Recogieron lo que podían de su piso y se refugiaron en Serbia. “Este tipo de sentencia no había visto en toda mi carrera profesional”, afirma Anto Nobilo, un reconocido abogado croata. “Esta sanción penal solamente podía ser ejecutada si previamente había sido prevista por Ley. Sin embargo, la expulsión del territorio de Republica Croacia, en esta forma, nunca existió”, concluye el abogado en la entrevista para la revista Novosti. A los Vukovic, en 1996 les fue comunicado que su derecho de ocupación de vivienda fue anulado.

La OSCE y otras instituciones internacionales, consideran el derecho de ocupación de la vivienda un modo de propiedad privada y exige al gobierno croata devolver las viviendas ocupadas o indemnizar a los antiguos inquilinos. En el caso de Bosnia, en donde regía la misma normativa legal durante el tiempo en que existía Yugoslavia, este problema fue resuelto tras la intervención de la Administración internacional, que obligó a las autoridades locales a devolver el derecho de ocupación al estado en el que se encontraba antes del conflicto, dejando la opción a los arrendatarios refugiados a que volvieran a sus viviendas y posteriormente decidieran si quedarse o venderlas. Para Vladimir Petronijevic, analista legal de Grupa 484, una ONG de Serbia que ofrece ayuda legal, humanitaria y psicológica a las personas refugiadas, en Bosnia sólo había una diferencia. “Allí gobernaba la Administración internacional”, reitera, y aunque cree que la integración de Croacia es muy importante para la región, recuerda que “el proceso de integración no puede ser completado de forma correcta hasta que el problema de los refugiados esté resuelto.” Al mismo tiempo, según las encuestas, solamente un 30% de los croatas desea pertenecer a la UE.

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